La desaparición, medida del Estado para disuadir la inconformidad DE 1996 AL 2010 HAN DESAPARECIDO DIEZ LUCHADORES SOCIALES EN OAXACA: Ochoa Lara Juan José Díaz Bermúdez
Oaxaca, México (Punto y Aparte).- El abogado de la Defensoría Popular, Israel Ochoa Lara, denunció que en Oaxaca de 1996 al 2010, han desaparecido diez luchadores sociales, todos ellos vinculados por el gobierno al Ejército Popular Revolucionario (EPR). La diferencia que existe entre indígenas Loxichas que han sido perseguidos y hostigados y Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, personas a los que el EPR ha reclamado como parte de su estructura, es que los primeros fueron presentados luego de ser detenidos, en algunos casos el que más duró incomunicado fueron 9 meses de reclusión en contra de su voluntad, manifestó el profesionista.
Abogado Israel Ochoa Lara.
Hasta hoy luego de tres años subrayó, de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, no se sabe nada. Los otros luchadores sociales, refiriéndose a los indígenas Loxichas, fueron presentados ante las autoridades judiciales, acusados de diversos delitos que tenían que resolver.
Los que más tiempo estuvieron desaparecidos fueron Marcelino Santiago Pacheco y Felipe de Jesús Antonio Santiago, que duraron 9 meses. Entretanto Adalberto Jorge Pacheco Santiago que estuvo desaparecido 5 meses. Los demás en donde estuvo Juan Sosa, Álvaro Sebastián Ramírez y otros, estuvieron desaparecidos entre 5 días a un mes.
Después de este lapso, fueron presentados todos ante los jueces, acusados de diversos delitos, en su mayoría homicidios y puestos a disposición del juez. Esto enfatizó sucedió un tiempo considerable de que fueron desaparecidos.
En todos los casos menciono Ochoa Lara en 1996, nunca hubo un informe del resultado de la investigación acerca de su desaparición. Denuncias que se hicieron en su momento, ya que nosotros promovimos denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, gestionamos incluso juicios de amparo para revisar en las procuradurías, en las celdas de los reclusorios de las distintas corporaciones policíacas, para saber si se encontraban en ese lugar y nunca los hallamos, pero tampoco la Procuraduría de Justicia del Estado, hizo algún trámite para buscarlos. Cuando aparecieron se dio como justificación en todos los casos, que habían sido encontrados deambulando por diferentes lugares, y que al detenerlos y preguntarles por sus datos personales encontraban que tenían ordenes de aprehensión por lo que eran detenidos y presentados.
Por lo que se supone que las autoridades los tenían desaparecidos y solo hicieron oficios con el mismo estilo de redacción para justificar su presentación con vida y ponerlos a disposición de alguna autoridad.
En todos esos casos reclamó, la autoridad estatal y federal, se volcó en la búsqueda de los desaparecidos, como hoy lo hace con la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, reclamó el luchador social. Hay están desaparecidos los señores Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, se han hecho mil denuncias, miles de reportes públicos, conferencias. Ha habido una Comisión de Intermediación, y el estado agregó el entrevistado, no ha puesto mayor diligencia y énfasis en su búsqueda. En cambio en el casos de Diego Fernández de Cevallos el presidente de la república, esta hablando constantemente del caso y lamentándose de los hechos, diciendo que va a utilizar todos los recursos del Estado para su búsqueda, porque se trata de un miembro de la clase política ligada al PAN.
La desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, es una acción del Estado para tratar de intimidar a los luchadores sociales y dar una especie de escarmiento a quienes se atreven a tomar el camino de la revolución para tratar de cambiar el estado de cosas en que nos encontramos.
Este mensaje que el Estado quiere dar, no solo va dirigido a quienes se inmiscuye en la lucha revolucionaria, además a los que están incluidos en la lucha social de carácter legal, amedrentado a la población y a los grupos que toman el camino de la protesta.
La desaparición es una especie de ejecución que hace el Estado, aunque no sabemos si están muertos, sin embargo finalmente si así fuera son ejecuciones extra judiciales, como es el desaparecer a las personas y no volverlas a presentar jamás, se intuye que fueron asesinados en condiciones fuera de la legalidad porque no hubo una sanción de un tribunal que hubiera dictado una condena de esa naturaleza, que en nuestro país esta prohibida, incluso el encarcelamiento de por vida tampoco está permitido, pero se practican este tipo de desapariciones como medidas de control político y disuadir la inconformidad social, puntualizó.